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¿ QUE ES LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS ADMINSTRACIONES PUBLICAS Y COMO ACTUAR EN CASO DE RESULTAR AFECTADO POR LAS MISMAS?

 


La Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública está contemplada en el artículo 106 de la Constitución Española de 1978 y desarrollada principalmente en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial y demás normativa autonómica y local.


 

Estas normas regulan la obligación de reparar los daños y/o perjuicios causados a los particulares, por el funcionamiento normal o anormal de la Administración Pública, o por el del personal a su servicio.


 

Podemos definir dicha responsabilidad como la obligación de resarcir cualquier lesión que sufran los particulares tanto en sus bienes como en sus derechos por el funcionamiento de las Administraciones Públicas. Por tanto, en primer lugar, tiene que haber un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado. Este daño o lesión tiene que haberse producido como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, es decir, tiene que existir un nexo causal entre el funcionamiento de la Administración y el daño sufrido.


 

La Administración no estará obligada a resarcir:


*daños producidos por fuerza mayor

*daños que deriven de circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar

*daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar

*daños que sean resultado la actuación inadecuada del particular

*actos expropiatorios (tienen su propia regulación)


 

El sistema de responsabilidad patrimonial es:


Unitario: Rige para todas las Administraciones Públicas (Administración General del Estado, las administraciones autonómicas, las administraciones locales, organismos públicos, centros públicos, colegios profesionales, etc ).

General: Abarca toda la actividad administrativa, tanto cuando el daño haya sido causado por acción, como por omisión.

Responsabilidad directa: El ente público responderá del daño sin que sea necesario que se identifique o reclame de forma previa a la autoridad, funcionario o agente que con su conducta hubiera causado el daño.

Responsabilidad objetiva: con independencia de que haya mediado o no culpa o negligencia

Que el particular haya sufrido una lesión en sus bienes o derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de las Administraciones Públicas.

Además, la responsabilidad de las Administraciones públicas es de carácter extracontractual, es decir, los daños que hayan de ser resarcidos no son consecuencia del incumplimiento de un contrato celebrado con el perjudicado.

 

Los requisitos para exigir una indemnización a la Administración pública son:

Que el daño sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas determinadas.

Que no exista el deber jurídico de soportar la lesión y que tenga como causa directa la actividad de la Administración.

Que el daño ocasionado sea probado por el perjudicado, es decir, la carga de la prueba reside en la figura del interesado.


 

Son constitutivos de indemnización tanto los daños materiales como los perjuicios personales, es decir, los perjuicios económicos materiales, las lesiones físicas o mentales, los daños morales, al igual que, las lesiones de los derechos de la personalidad (honor, intimidad, imagen, etc).


 

Las indemnizaciones puedes ser dinerarias o en especie. La indemnización puede materializarse en el pago de una cantidad única o pago de una cantidad periódica cuando resulte más adecuado para reparar el daño y para el interés público, previo acuerdo con el interesado. La compensación en especie se da cuando resulte más adecuada para reparar el daño y para el interés público, previo acuerdo con el interesado.


 

Supuestos en los que cabe reclamar responsabilidad a la Administración Pública:


Responsabilidad patrimonial derivada de un error médico o de una negligencia médica

Responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de la Administración de Justicia

Responsabilidad patrimonial originada por accidentes ocurridos en edificios o vías públicas

Responsabilidad patrimonial derivada de la actuación del personal que está al servicio de las Administraciones Públicas.


 

El plazo para reclamar es de 1año:


-          Desde que se produjo el hecho o acto que motive la indemnización o de manifestarse el efecto lesivo

-          Daños a las personas, desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.


 

 

¿Qué trámites hay que realizar para efectuar una reclamación por responsabilidad patrimonial?


 

En primer lugar, se debe solicitar la indemnización a través de un procedimiento previo en vía administrativa dirigido a la Administración causante del daño. Si la Administración deniega la indemnización, o esta no se ajusta a lo solicitado o no resuelve la petición se puede acudir a la vía contencioso-administrativa.


 

En vía administrativa hay que presentar una solicitud que contenga:


-          Nombre y apellidos del interesado

-          Domicilio a efecto de notificaciones

-          Órgano al que se dirige

-          Lugar, fecha y firma

-          Hechos, razones y petición en que se concrete con claridad la solicitud

-         Daño alegado: efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas

-          Relación causa – efecto entre el daño que se alega y una acción u omisión de la Administración

-          Cuantía de la indemnización solicitada.


 

A dicha solicitud hay que acompañar la documentación que justifique y acredite lo alegado y proponer la prueba que se considere necesaria.


 

Una vez admitido a trámite el escrito de reclamación se abre el periodo probatorio consistente en un plazo de 30 días para practicar las pruebas declaradas pertinentes. Además, el órgano instructor solicitará informe al servicio cuyo funcionamiento haya sido objeto de reclamación.


 

Después tiene lugar el trámite de audiencia concediendo al interesado un plazo entre 10 y 15 días para solicitar copia de los documentos obrantes en el expediente y así poder formular alegaciones y aportar nuevos documentos.


 

En base a lo anterior el órgano consultivo emite dictamen que se pronuncia acerca de:


-          La existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida

-          Valoración del daño causado

-          Cuantía y modo de la indemnización.


 

Si no hay acuerdo indemnizatorio entre la Administración y el interesado, el procedimiento termina con resolución:


-       Expresa: Deberá pronunciarse sobre la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida, la valoración del daño causado y la indemnización.

-      Desestimación presunta: Transcurridos 6 meses desde que se formuló la solicitud, o el plazo que resulte de añadirles un periodo extraordinario de prueba, sin que haya recaído resolución expresa, podrá entenderse desestimada a efectos de recurrir contra el acto presunto desestimatorio ante el órgano judicial competente.


 

Finalizado el procedimiento administrativo de reclamación patrimonial, bien por resolución expresa o por desestimación presunta por silencio administrativo, se agota la vía administrativa, y cabe recurso contencioso – administrativo.


 

Somos especialistas en tramitación de procesos de responsabilidad patrimonial, no dude en contactar con nosotros.

 

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